La Cámara de Diputados de Jujuy podría legislar la obligatoriedad de que sean las propias empresas que ocupan el espacio aéreo de las zonas urbanas con el tendido de cables para la conexión de diferentes servicios, las que deban proceder al retiro de los conductores que estén en mal estado o en desuso. 

La iniciativa tiene como propósito combatir la contaminación ambiental, a la vez que velar por "la seguridad de peatones y el tránsito en general, reduciendo el riesgo de accidentes viales producto de cables en desuso colgados", tal como expone en un proyecto de su autoría la diputada Verónica Valente. 

La legisladora fue convocada por la comisión de Obras y Servicios Públicos del parlamento provincial a los efectos de que se explaye respecto de su propuesta, responda inquietudes de sus pares e incluso en conjunto se tome nota de eventuales mejoras que pueda tener el texto original, con miras a que avance en su tratamiento. 

Entre las principales razones, Valente plantea que “el cableado aéreo en desuso ocupa espacio en la vía pública, en postes, fachadas de edificios o en el subsuelo”, de manera que al retirar las líneas en desuso “se libera espacio que puede ser utilizado para otros fines”. 

En ese sentido enumera como posibilidades “el despliegue de nuevas infraestructuras pasivas, el arbolado urbano, la ampliación de aceras o el embellecimiento de plazas y parques, en beneficio de la convivencia pública y el turismo”. 

Un peligro latente en las calles 

También la diputada del bloque justicialista fundamenta su iniciativa en que “los cables en desuso representan un peligro para la seguridad ciudadana ya que pueden desprenderse, caer, colgar o enredarse con otros elementos, causar accidentes o daños materiales”. 

Otra arista que considera es que esos elementos "pueden convertirse en un objetivo de vandalismo o robo para vender el cobre, lo cual compromete la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones y la continuidad del servicio público de internet y telefonía". 

De igual modo hace notar que es el propio sector de las telecomunicaciones “que se ve afectado, ya que la identificación y reparación de fallas o problemas en la red se dificulta cuando hay cables abandonados y desordenados” pendiendo en la vía pública. 

La responsabilidad de las empresas 

Con base en estos y otros argumentos más, Valente sostiene que “el Estado provincial debe propender a que las empresas de telecomunicaciones y prestatarias del servicio de distribución de energía eléctrica establezcan un plan de retirada de cables de cobre en desuso en un plazo razonable”. 

Un punto relevante es que los costos de esos trabajos, lógicamente, “no podrán trasladarse a las tarifas de los consumidores”, según se estipula en el articulado del proyecto. 

A modo de resumen de su presentación, la diputada justicialista dijo entonces que se procura implementar medidas concretas para la descontaminación ambiental y reducir los riesgos de accidentes, dotando “a los municipios de una herramienta provincial para exigir a las empresas prestatarias las tareas de limpieza y mantenimiento que hoy no pueden garantizar por falta de infraestructura propia”. 

Esta cuestión del espacio aéreo de la ciudad atravesado por marañas de cables encuentra un antecedente inmediato en varias propuestas presentadas el año pasado en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. 

Proyectos firmados por ediles de diferentes e incluso iniciativas del Departamento Ejecutivo municipal estuvieron enfocadas en la urgente necesidad de actuar para su ordenamiento y coadyuvar a disminuir la contaminación ambiental y visual, situación que afecta fundamentalmente al casco céntrico capitalino.