Los sindicatos de la educación en Jujuy resolvieron sumarse a la jornada nacional de protesta por 24 horas declarada para este lunes por la Ctera. La medida de fuerza cuenta con la adhesión del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) y de la autodenominada “asamblea provincial unificada de delegados y delegadas” de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP). 

Entre los principales reclamos que fundamentan la huelga que busca paralizar la actividad escolar en todos los niveles, figuran la reapertura de la paritaria nacional, una recomposición salarial urgente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el rechazo a cualquier intento de reforma previsional. 

Un día de paro, tres días de ayuno y ollas populares 

La conducción del CEDEMS encabezada por la profesora María Mercedes Sosa, defendió la legitimidad del reclamo sindical afirmando que “la huelga es un derecho, no un delito” y que “la organización sindical es un pilar de la democracia”, al tiempo que advirtió que “la docencia jujeña no aceptará amenazas ni presiones de ningún nivel del Estado". 

En la misma línea, en un comunicado distribuido a los medios la dirigencia sindical defendió que “la docencia no es enemiga sino sostén del sistema educativo”, atribuyendo el origen del conflicto a la “desfinanciación del sistema educativo, los salarios por debajo de la línea de pobreza y la falta de políticas que garanticen el derecho a la educación”. 

A la vez, el CEDEMS hizo público “su más enérgico repudio” al anuncio del Ministerio de Capital Humano de la Nación acerca de “inspecciones y eventuales sanciones contra las organizaciones que adhieran al paro general docente” de este lunes. 

“El anuncio de “inspecciones muestrales” y “protocolos de sanción” constituye un acto de intimidación y un intento de disciplinamiento político en un contexto de reclamos salariales urgentes, deterioro de condiciones laborales y crisis educativa profunda”, interpreta la entidad. 

En una asamblea extraordinaria realizada el sábado último, el sindicato de los profesores anunció además un “ayuno docente” para los días martes, miércoles y jueves de esta semana, y su participación en la marcha anunciada para el 6 de agosto “contra la sanción de la ley de extranjerización de tierras”. 

Por su parte, la asamblea provincial unificada de ADEP instó a la docencia de la educación primaria e inicial a unirse a la jornada de paro bajo consignas nacionales y provinciales. 

En sus demandas, el núcleo de delegados zonales que, ante la acefalía del sindicato, se arroga la representación de las bases, exige la “restitución inmediata del FONID y fondos educativos”, junto a una “nueva Ley de Financiamiento Educativo” y el “aumento salarial para recuperar el poder adquisitivo”. 

El sector hizo saber asimismo que extenderán la huelga en las escuelas primarias durante los días martes 4 y miércoles 5 “con acciones territoriales, ollas populares, cacerolazos y permanencias”. 

Las razones para el descuento, según el Gobierno 

Ante la convocatoria de las organizaciones gremiales, la postura de las autoridades de la Provincia se mantuvo firme respecto a la asistencia de los trabajadores. Funcionarios del Poder Ejecutivo ratificaron que, como la semana anterior, la administración provincial continuará aplicando las normativas de control de ausentismo. 

La posición del Gobierno tiene explicación, según se informó, en que el sindicato de la calle Lamadrid atraviesa un proceso de normalización institucional y actualmente no posee una Comisión Directiva en funciones ni un Congreso Extraordinario Provincial convocado, únicos órganos que, de acuerdo con el estatuto, pueden disponer un paro. 

En el caso de la docencia del nivel medio y superior, las autoridades gubernamentales argumentan que el espacio de diálogo de las negociaciones paritarias es el límite para las medidas de fuerza, de manera que los docentes con inasistencias injustificadas serán pasibles del correspondiente descuento en sus haberes.