Una denuncia penal formulada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional señala directamente a los principales funcionarios económicos del Gobierno central por la presunta malversación de fondos públicos destinados al mantenimiento de la red vial nacional del país, por un monto cercano a los 400 mil millones de pesos. 

Según establece la ley nacional 23.966, el 28,58% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) debe transferirse automáticamente al fideicomiso vial. La acusación plantea que los recursos habrían sido desviados a la compra de títulos públicos y bonos para sostener las cuentas del Tesoro Nacional. 

Con este panorama a la vista, el diputado provincial Iván Poncio reaccionó reclamando que “los libertarios deben responder por qué una multimillonaria caja se estaría destinando a la compra de títulos públicos para financiar al Tesoro Nacional, dejando a las rutas del país en un estado de total abandono”, punto en el que señaló en particular el caso de la Ruta Nacional 52, en Jujuy. 

Un camino difícil de transitar 

“El impacto más crítico de este recorte se vive en la Ruta Nacional 52, la traza estratégica que une la localidad de Purmamarca con la zona de frontera con Chile. Esta vía no es un camino secundario, es una pieza fundamental del Corredor Bioceánico Capricornio, vital para el comercio internacional”, advirtió. 

En su presentación ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 7 de Buenos Aires, la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de VN busca poner en el banquillo de los acusados al ministro de Economía, Luis Caputo; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y a la conducción de Vialidad Nacional. 

Los funcionarios de esa lista son acusados del presunto vaciamiento del organismo y del desvío de fondos con asignación específica. “Este millonario desvío es un reflejo de una política centralizada de (el presidente Javier) Milei que retacea recursos de todos lados a Jujuy, siendo el vial uno de los tantos fondos clave que dejaron de llegar a los jujeños”, señaló Poncio. 

Mucho más que una ruta destruida 

Tras apuntar que “el deterioro de la Ruta 52 no distingue sectores”, el diputado oficialista advirtió que “hoy, su recuperación demanda un presupuesto que supera ampliamente un mero operativo de bacheo, afectando con especial gravedad al tramo de la cuesta de Lipán, considerado actualmente el punto más crítico y peligroso del recorrido”. 

Ese trazado que supo recibir reconocimientos a nivel mundial por la obra de ingeniería que supuso su construcción, actualmente presenta un mal estado que “perjudica de forma directa a los transportistas nacionales e internacionales, frena el desarrollo de los productores locales, golpea al turismo y afecta el día a día de los jujeños en general”, resumió el legislador del frente Jujuy Crece. 

Poncio analizó además que la judicialización del caso “expone una fuerte contradicción política en el escenario local” ya que “mientras los referentes libertarios jujeños se muestran en público altamente preocupados por el deplorable estado de la Ruta 52, en la práctica eligen mirar para otro lado cuando su jefe político es señalado por cometer este tipo de ilícitos con los recursos viales”.